La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) en España orientada por la por la abogada Emilia Zaballos han logrado llegar a un acuerdo en el cual los querellados resarcirán lo defraudado.
Las personas afectadas por un fraude relacionado con las criptomonedas en Valencia-España han conseguido recuperar su dinero después de que la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) formulase una querella.
La asociación presidida por la abogada Emilia Zaballos, que fue creada para ayudar a los afectados por actuaciones fraudulentas en la inversiones con criptomonedas, formuló la querella ante los Juzgados de Instrucción de Valencia por delitos de estafa, apropiación indebida y otros, contra P.S.M., persona física y la mercantil contra la que actuaba.
El fraude se debe a que el acusado, P.S.M, convenció a los inversores diciendo que él se dedicaba a invertir en este tipo de activos y bajo persuasión estos le entregaron el dinero. Luego el acusado fue descubierto como un impostor, el cual no era quien decía ser, quedándose con el capital de los inversores a pesar de que insistieron para que se les retornara.
El Juzgado de Instrucción 2 de Valencia admitió la querella y procedió a señalar pruebas, dando traslado de la querella para citar a los querellados a declarar. Existiendo un inminente riesgo de condena en el procedimiento penal, los querellados, junto con sus letrados, han llegado a un acuerdo con los abogados de los afectados representados por la AAIC.
Con el acuerdo conseguido se resarcirá por completo a los inversores, quedando completamente satisfechos por este logro. A cambio de ello la AAIC ha retirado la querella frente a las persona física y mercantil, tras haber recibido el pago de los querellantes.
“Se trata de un primer paso esperanzador, pero hay que seguir adelante defendiendo a los afectados. La única forma de conseguir que se haga justicia con este tipo de fraudes con criptomonedas es plantear querellas colectivas“, afirmó Zaballos tras conocer la decisión.
Esto ha sentado un precedente importante en cuanto a las acciones fraudulentas con activos digitales, particularmente en este caso con criptomonedas que, aunque no existe un marco regulatorio y hay mucho desconocimiento por parte de las autoridades o en ciertos casos de los inversores, lo cual los vuelve susceptible a engaños, queda demostrado que ante denuncias colectivas las autoridades ejercen sus facultades brindando una oportunidad a los afectados de recuperar su capital invertido.
