
Biden propone un impuesto sobre el uso de electricidad para la minería cripto del 30% que iría introduciéndose progresivamente a un ritmo del 10% anual para los próximos tres años.
Con esta medida los mineros de criptomonedas de Estados Unidos podrían tener que hacer frente a unos impuestos del 30% sobre los costes de electricidad según la última propuesta presupuestaria del presidente Joe Biden, la cual pretende “reducir la actividad minera” en el país.
Tal y como registra el documento explicativo del presupuesto suplementario del Departamento del Tesoro publicado el 9 de marzo, cualquier empresa que utilice recursos, bien sean propios o alquilados, estaría “sujeta a un impuesto especial equivalente al 30% de los costes de la electricidad utilizada en la minería de activos digitales”.
Igualmente estas empresas también tendrían que declarar cuánta electricidad consumen y qué tipo de energía utilizan, estén o no dentro de la red. En el documento se propone que el impuesto se aplique en los ejercicios fiscales posteriores al 31 de diciembre de 2023 y se introduzca progresivamente a lo largo de tres años, a un ritmo del 10% anual, hasta alcanzar el máximo del 30% en el tercer año.
Cómo afectaría este hecho para los mineros
Si finalmente se cumple la propuesta, los mineros de criptomonedas que adquieran sus suministro eléctrico fuera de la red seguirían estando sujetos al impuesto, y se les exigiría estimar los costes de la electricidad generada por cualquier “planta generadora de electricidad”.
“El aumento del consumo de energía atribuible al crecimiento de la minería de activos digitales tiene efectos ambientales negativos y puede tener implicaciones de justicia ambiental, así como aumentar los precios de la energía para aquellos que comparten una red eléctrica con los mineros de activos digitales”,
explica el Tesoro estadounidense.
Para que la propuesta salga adelante, la Cámara de Representantes y el Senado tienen que aprobar un presupuesto que incluya este tipo de normas fiscales antes de que puedan aplicarse. La Casa Blanca ha propuesto una disposición separada que impediría a los criptoinversores vender sus activos con pérdidas, lo que genera un gran ahorro fiscal, y la capacidad de recomprarlos inmediatamente.
Según el propio documento, sería necesaria la creación de un impuesto especial que recaudaría alrededor de 24.000 millones de dólares y que equiparase la fiscalidad de las operaciones con ‘criptos’ a las de los valores tradicionales.
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